“El prejuicio no conoce fronteras”: presentado por el observatorio Sin Violencia LGBTI, recoge datos estadísticos de asesinatos de personas LGTBI cometidos en nueve países: Colombia, México, Honduras, Perú, El Salvador, República Dominicana,...
En el año 2010 la Argentina se convertía en uno de los pocos países del mundo en reconocer legalmente el matrimonio entre personas del mismo sexo, con el mismo nombre y efectos que un vínculo heterosexual. Un año más tarde, Octavio Romero y su pareja Gabriel Gerbasch decidieron casarse.
En sintonía con una noticia previamente relatada en este sitio, en esta oportunidad les compartimos con entusiasmo la noticia de que la Corte de Constitucionalidad de Guatemala, en el medio del debate sobre una posible ley de amnistía para funcionarios del ejercito (ley 5377), el pasado 18 de Julio dio lugar a un Amparo ordenando suspender inmediatamente dicho debate legislativo, con el fin de que Guatemala cumpla con sus obligaciones internacionales en materia de Derechos Humanos, de la misma forma que lo había solicitado previamente la Corte Interamericana de Derechos Humanos meses atrás.
En el marco de las luchas por Memoria, Verdad y Justicia a lo largo de la región llevada a cabo por familiares y víctimas de las sangrientas dictaduras latinoamericanas del siglo pasado, compartimos con entusiasmo la noticia de que un tribunal de apelaciones en Italia amplió las condenas para sujetos acusados de crímenes de lesa humanidad en América Latina, reconociendo diversos homicidios en el marco de una planificación sistemática conocida como “plan Cóndor”, y pasando de las 6 condenas que ordenaba el tribunal de primera instancia, a 24.
Recientemente, el Juzgado Federal Nº 1 de Formosa, Argentina, consideró por primera vez en la historia del país como delito de lesa humanidad a una masacre de pueblos indígenas acaecida en dicho territorio. El fallo, originado en una acción de resarcimiento civil interpuesta por el pueblo Pilagá por la Masacre de Rincón Bomba, le impone al Estado Nacional Argentino la obligación de otorgar reparaciones patrimoniales y simbólicas y becas educativas.