Ciclo de entrevistas “Fiscalías y legalidad emancipatoria”
Honduras se encuentra atravesando uno de los procesos de selección de Fiscal General más tensos de los últimos años. En ese marco, desde el Foro Interamericano de Fiscales por una Legalidad Emancipatoria (FISLEM) tenemos el honor de anunciar la incorporación de Angel Edmundo Orellana al grupo de referentes del Foro. Orellana se desempeñó como Fiscal General de Honduras entre 1994 y 1999, siendo la primera persona en ocupar ese cargo. Durante su gestión, tuvo el enorme desafío de sentar las bases del naciente Ministerio Público hondureño.
Orellana es abogado, con doctorado en Italia. Fue profesor universitario por más de 45 años y es autor de varios libros de Derecho. Posteriormente ocupó otros cargos, entre los que se destacan los cargos siguientes: Representante Permanente ONU; Secretario de Estado en los Despachos siguientes: Gobernación y Justicia, Relaciones Exteriores y Defensa.
La combinación del perfil político, técnico y académico le proporciona a Edmundo Orellana una notable claridad para analizar la situación actual que atraviesa Honduras, en donde la centralidad que tienen la lucha contra la impunidad, la corrupción y el crimen organizado, han puesto al Ministerio Público en el centro de la arena pública.
Principales definiciones de Orellana:
- “El Poder Judicial y el Ministerio Público de Honduras están contaminados. Iniciar una lucha contra la corrupción y el crimen organizado supone una depuración previa de las instituciones”.
- “Por muchas reformas que se hagan a las leyes, si no hay decisiones supremas, drásticas, heroicas, será difícil. Si la CICIH [Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras] llega a instalarse en el país, eso sí va a causar una conmoción gigantesca en el país. Por eso yo creo que los políticos se están haciendo un ejército común para evitar que venga la CICIH”.
- “Una gran cantidad de políticos están imputados en los tribunales, y son ellos los que están decidiendo quién es el nuevo Fiscal General de Honduras”.
- “Los fiscales deben saber que enfrentar el sistema de impunidad en nuestros países es una de las funciones de mayor riesgo que existe. Lo que tiene ante sí el fiscal no es al criminal burdo, salvaje, que vive en ambientes sombríos y oscuros: lo que tiene ante sí es el poder”.
Entrevista
Evolución del Ministerio Público en Honduras y en la región
Usted fue el primer fiscal general que ha tenido Honduras, cuando el Ministerio Público tal y como lo conocemos hoy daba sus primeros pasos, en el marco de una ola de reformas procesales penales a nivel regional. A casi tres décadas de haber pasado por esa función, ¿qué análisis hace sobre el estado de situación actual de los Ministerios Públicos en la región?
No hay duda de que ha habido un avance significativo en la percepción de la ciudadanía en relación con los Ministerios Públicos, al grado de que lo asocian con el avance de sus respectivos países, con la seguridad jurídica y particularmente con la lucha contra la impunidad. De todos los países de Centroamérica, probablemente el Ministerio Público de Costa Rica sea el más estable. El resto ha tenido sus altos y bajos.
En el caso de Honduras, el Ministerio Público se ha visto inmerso en un proceso de degradación, ante el cual la ciudadanía, sin organizarse, espontáneamente, se lanzó a las calles para exigir que hubiese una intervención internacional ante la negligencia manifiesta del Ministerio Público en relación con los casos de corrupción. Nunca había habido manifestaciones de esa proporción, eran realmente multitudinarias. Ni siquiera un líder político de los más carismáticos había reunido tanta gente en las calles. Y todos estaban unidos bajo la idea de la lucha contra la impunidad, en el marco de una institucionalidad que cada vez era más evidente que estaba comprometida con el crimen.
Luego de toda esta lucha se firmó un convenio con la Organización de Estados Americanos que dio vida a la MACCIH [Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras], que fue un mecanismo promovido por el pueblo de Honduras, financiado con la cooperación internacional, bajo la dirección de la Organización de Estados Americanos. Este organismo no era lo que pretendía Honduras, porque la población lo que exigía era algo parecido a la CICIG [Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala], y resultó más bien un organismo de apoyo. Pero la MACCIH, con el talento del doctor que presidió el mecanismo internacional, Jiménez Mayor, logró crear una institucionalidad operativa que funcionó eficaz y eficientemente. Se crearon tribunales de anticorrupción, y también crearon una fiscalía especial, que se llamó UFECIC [Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad de la Corrupción]. Esta institucionalidad intermedia, con el apoyo de MACCIH, logró identificar casos realmente impactantes de corrupción. Pero de repente apareció un hecho que no desconocíamos, pero que no era tan evidente: descubrimos que en Honduras la cuestión no era solamente de corrupción (política, administrativa), sino que el Estado hondureño había sido capturado por el crimen organizado, por los capos de la droga y por lavadores de activos. Y estos habían prostituido la institucionalidad.
Foto: Nodal
Fue así como Estados Unidos presionó al Gobierno para modificar la Constitución, introducir la extradición de hondureños hacia Estados Unidos, y efectivamente se comenzó a realizar esto. Pero al principio eran capos de mucha importancia, porque era gente que tenía control del territorio nacional desde el occidente hasta el oriente, pasando por el norte. Prácticamente Honduras era un Estado fallido en esas áreas, porque la jurisdicción no funcionaba, los tribunales no funcionaban, las Fuerzas Armadas no funcionaban, la policía no funcionaba, los fiscales no operaban… Todo el orden, la disciplina, la economía, la manejaban los narcotraficantes. Entonces, cuando empezaron a golpear estas cabezas, se empezaron a descubrir los nexos que había entre ellos y los políticos. Y finalmente terminaron llevándose políticos extraditados a Estados Unidos. El último gran político que se llevaron fue el que ostentó el cargo de Presidente formalmente, pero que no tenía legitimidad -todo el mundo aquí le decía “gobernante” de Honduras- y que está preso en una cárcel de Nueva York. El juez y los fiscales que llevan esos juicios en Estados Unidos han concluido que Honduras era un estado que estaba a disposición del crimen organizado. Eso significa que el Ministerio Público no solamente fue negligente: fue cómplice. Igual lo fue el Poder Judicial, lo fueron las Fuerzas Armadas, lo fue la policía, lo fueron los políticos, las iglesias, la sociedad civil… se contaminó toda la sociedad. Esto nos lleva un asunto más grave todavía: el problema es que se ha arraigado en la sociedad hondureña una cultura de la corrupción, y eso es sumamente difícil de eliminar. No se va a eliminar con nuevos fiscales, ni con nuevos mecanismos internacionales como el que se pretende trayendo la CICIH, porque esto trasciende el mero tema institucional. Esto es ya parte de la idiosincrasia nacional, y eso es más grave todavía.
Mencionabas estas expectativas que habían existido sobre los Ministerios Públicos, y hablabas de un proceso de degradación que ha tenido en particular el Ministerio Público de Honduras en estos años. ¿En qué aspectos creés que ha existido una degradación?
El Ministerio Público de Honduras particularmente se inició haciendo frente a retos importantes. Uno de ellos era el tema de la violación de los derechos humanos. Durante la década de los 80 en Honduras, pese a que era un gobierno constitucional, se implementó la “Política de la seguridad nacional”. Muy parecido a lo que ocurrió en Argentina, porque fueron asesores argentinos quienes vinieron aquí a darles los insumos a los militares y a los policías nuestros. Comenzaron una represión sistemática en contra de los opositores políticos, particularmente de los que ellos decían ideologías “extremas”. Empezaron a torturar personas, a desaparecer, a ejecutar extrajudicialmente. Esto fue lo que hizo surgir al Ministerio Público de Honduras, porque la policía política represora que había aquí era la DNI, la Dirección Nacional de Investigación -que formaba parte de la fuerza de seguridad pública, de la policía, pero esta a su vez formaba parte de las Fuerzas Armadas-, era una cuarta fuerza de las Fuerzas Armadas. Llegó a tal extremo de perversión que la población exigió al Gobierno que se eliminase esa policía, pero esa policía era la encargada de la investigación, entonces la pregunta era: ¿qué hacer con el tema de la investigación?
Consultaron a juristas, prominentes hondureños, ellos hicieron un estudio, diseñaron la solución y dijeron “bueno, lo más importante es que la investigación pase al ámbito civil”. Entonces se ideó que se crease una policía de investigación civil, y sobre esta idea se montó toda la idea del Ministerio Público. El Ministerio Público no surge como una necesidad de tener un Ministerio Público: surge por la necesidad de crear una policía de investigación. Y esta policía de investigación era la encargada de todas las investigaciones, tenía el monopolio de la investigación, y sobre eso se montó toda la estructura del Ministerio Público. Entonces se creó la fiscalía como tal, la Dirección de Medicina Forense y una Dirección de Lucha contra el Narcotráfico, como un tema especial. Ya desde aquel momento se avizoraba que había un problema que estaba creciendo, que era el narcotráfico. Así fue como se creó el Ministerio Público.
Ante esa circunstancia, uno de los temas prioritarios a atender por el Ministerio Público era empezar a investigar los casos de violaciones a los derechos humanos por parte de militares y de policías, y desde luego civiles. También surgió la corrupción, porque se hicieron estudios sobre el gobierno (que era el gobierno que había dado nacimiento al Ministerio Público, por cierto) y se llegó a la conclusión de que había sido uno de los gobiernos más corruptos de la historia. Entonces sacaron una serie de casos que fueron evaluados por el Ministerio Público y la población entonces exigió dos cosas: que se castigase a los violadores de los derechos humanos y que se castigase a los corruptos. Entonces el Ministerio Público tuvo que atender estas dos prioridades frente a las demás que estaban creciendo, que era el delito común, y las primeras expresiones del crimen organizado. También teníamos que atender eso, no con la prioridad de los primeros, pero sí especializándonos. Por esta razón surge el Ministerio Público, y esos son los primeros retos que tuvo, y por supuesto que los sigue teniendo todavía. Y desde luego que ha fracasado en su lucha, porque lo ha desbordado el crimen organizado, lo ha desbordado en la corrupción lo ha desbordado el narcotráfico y el lavado de activos. Tanto lo ha desbordado, que la población está pidiendo que venga un mecanismo internacional para que lleve los casos de corrupción.
Estado actual del Ministerio Público y la lucha contra la impunidad
Este fracaso del Ministerio Público en el control de la corrupción, del narcotráfico y de otras formas de criminalidad organizada, ¿cree que es reversible? ¿El Ministerio Público puede incidir sobre control de esa criminalidad y, en tal caso, cuáles son las estrategias para lograrlo?
El ambiente en el que está gestándose el proceso de elección del nuevo Fiscal General lo hace más complicado. Porque hay ya arraigada una cultura de la corrupción en el país, y los políticos, que son los más comprometidos en este tema, son los que deciden en el Congreso Nacional quién es el nuevo Fiscal. De esos, hay una gran cantidad de ellos que están imputados en los tribunales por la MACCIH, que están siendo investigados por la UFERCO (la sucedánea de la UFECIC). Y son ellos los que están decidiendo quién es el nuevo Fiscal, de manera que el Fiscal que venga seguramente va a venir con grandes compromisos.
No es con nuevos fiscales que se puede solucionar el problema de la corrupción, el problema requiere de una política institucional estatal que ataque este tema. Esto debe ser desde las escuelas, tiene que introducirse en el sistema educativo formal e informal, en todos los ámbitos. Si eso no se hace, un fiscal, por muy entusiasmado que esté, con esos compromisos, con esas ataduras que le van a imponer en este proceso de elección, va a ser muy difícil.
Además, como decía, la institucionalidad durante todos estos diez años anteriores, de los regímenes anteriores, estuvo a disposición del crimen organizado. Eso significa que el Poder Judicial y el Ministerio Público están contaminados. Ahí está el personal que fue cómplice durante estos 10 años anteriores. Por supuesto que iniciar una lucha contra la corrupción y el crimen organizado supone una depuración previa de las instituciones. Porque lo que ha cambiado son las cabezas, en el caso del Poder Judicial, pero ahí tienen un reto colosal: depurar el Poder Judicial. Igualmente el nuevo fiscal tiene que depurar el Ministerio Público. La policía, por ejemplo, no se ha depurado y es la misma que utilizaron los narcos para matar. Algunos directores de policía y algunos generales de la policía eran los sicarios del crimen organizado, los que asesinaban a las personas que se oponían al crimen organizado. Eso ha salido allá en los juicios de Nueva York. Entonces estamos ante una policía que está intacta, es la misma que utilizaron los capos. Igualmente la Fuerza Armada, no ha habido ninguna depuración allí, solo han cambiado las cabezas
En esas circunstancias, yo no le veo mucho muchos éxitos a lo que viene inmediato. Posiblemente, si comenzamos desde ya una política decidida para atacar en todos los campos, en todos los ámbitos, el crimen organizado y la corrupción, pues sí. En eso, la Presidenta de la República sí tiene un compromiso personal y político de llevarlo a cabo, pero no sé los demás políticos.
Foto: La Prensa
En este contexto, ¿qué mirada tiene sobre el proceso de posible implementación de la CICIH? ¿Qué expectativas tiene?
Yo he estado involucrado en ese proceso, porque hasta hace poco fui Ministro de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, luego renuncié y ya no estoy participando. Pero sí conocí la primera etapa y sé que hay mucho entusiasmo de parte de la Presidenta de la República, del ex presidente José Manuel Zelaya, en esta lucha, y particularmente también del presidente del Congreso Nacional. No puedo decir lo mismo del resto de los políticos porque hay muchos que tienen una cola enorme y que tienen miedo de que se las pisen.
Pero el tema es que al inicio de la propuesta de la CICIH, todavía no se tenía muy claro cuál era el diseño, el formato de este mecanismo. En algún momento nosotros platicamos con la misión de exploración de las Naciones Unidas y llegamos a algunas conclusiones que podían ser interesantes: para apurar y no entorpecer el proceso de implementación de la CICIH, podríamos nosotros utilizar la experiencia guatemalteca. Particularmente con la figura del querellante adhesivo, que tuvo éxito allá y que de algún modo hizo avanzar en la lucha de la CICIG en Guatemala. Sin embargo, hubo dentro del gobierno quienes no les pareció la idea y quisieron que fuese más fuerte el mecanismo, con más garras. Fue así como propusieron que el mecanismo tuviese el monopolio de la lucha contra la corrupción, de los casos de alto impacto. Estamos hablando de los casos emblemáticos de corrupción, los carteles de la corrupción. Entonces decidieron que el mecanismo tuviese el monopolio de la investigación y el monopolio de la acción pública penal. Eso significaba que ya no era el Ministerio Público el que se iba a dedicar a eso, sino que era la CICIH.
Eso suponía una reforma constitucional, porque la Constitución de la República establece que el monopolio de estas dos cuestiones es del Ministerio Público. Entonces habrá que hacer una reforma de la Constitución, y de acuerdo con nuestra legislación, la reforma constitucional tiene un procedimiento que implica una primera etapa que es aprobar primero la reforma, y en una siguiente legislatura ratificar la reforma constitucional. Eso significa que si nosotros queremos que la CICIH venga y comience el próximo año tiene que aprobarse la reforma constitucional este año, ratificarse el próximo año y comenzar los preparativos para la instalación de la CICIH el próximo año. Si eso no se hace este año, la CICIH no vendrá el próximo año, y no sé si ya para el año 2025 va a ser posible, porque va a ser un año electoral. Por eso es urgente que estas decisiones se tomen este año.
Las negociaciones han avanzado, están poniéndose de acuerdo en el convenio, y los últimos movimientos que ha habido en este proceso es que se creó una Comisión de Expertos que está integrada por personalidades escogidas por Naciones Unidas, que están evaluando las circunstancias políticas y legislativas del país para establecer la pertinencia, la oportunidad y la conveniencia de la participación de Naciones Unidas en esto. Paralelamente están negociando el convenio que le va a dar vida a la CICIH. Esto está previsto que finalice en diciembre de este año.
Otro de los puntos relevantes que usted mencionaba era el actual proceso de selección de las máximas autoridades del Ministerio Público. ¿Qué mirada tiene sobre este proceso? ¿Cree que los problemas que usted señaló son procedimentales o de otra índole?
Hace algunos años, los problemas en torno a la selección del fiscal general eran un tema institucional, de procedimiento. Ahora ya no. Este es un tema cultural que nos ha desbordado, y creo que por muchas reformas que se hagan a las leyes, si no hay decisiones supremas, drásticas, heroicas, será difícil. Por ejemplo, el caso de la CICIH. Si llega a instalarse en el país, yo creo que eso sí va a causar una conmoción gigantesca en el país. Va a estremecer la institucionalidad, y por eso yo creo que los políticos se están haciendo un ejército común para evitar que venga la CICIH. Porque si con la selección del nuevo Fiscal General hay tanto problema, imagínense para tomar una decisión sobre la CICIH. Ahí pierden el control total, porque las personalidades que van a integrar la CICIH son todas extranjeras, y no hay control sobre ellas. De manera que ella va a investigar y va a poner en evidencia a todo aquel que hay que poner en evidencia. No va a ir condicionado como va a ir el nuevo Fiscal General.
La disputa política sobre el Ministerio Público en América Latina
Foto: EFE
Usted también tiene una amplia experiencia en el ámbito regional. En los últimos años los Ministerios Públicos se han convertido en un botín de disputa política entre distintos sectores de poder. ¿Por qué cree que sucede esto? ¿Qué es lo que está en juego cuando se disputa el control sobre los Ministerios Públicos?
El problema esencialmente es el ejercicio del poder. Hay países en los que el Fiscal General es nombrado por el Presidente, en otros por la Corte Suprema, otros por el Congreso Nacional. Aquí se ha querido en algún momento que sea electo por el pueblo. Este es un tema que está en discusión. Pero en todo caso, todas las formas que existen tienen sus problemas. Costa Rica, en donde el nombramiento es de la Corte Suprema, es un país que tiene una cultura de institucionalidad y de seguridad jurídica proverbial, todo el mundo sabe que Costa Rica es un ejemplo, pero en el caso del resto de los países de Centroamérica no tienen esa cultura que tiene Costa Rica. Hemos vivido momentos muy difíciles en Nicaragua, El Salvador, Guatemala, Honduras, todos hemos pasado por procesos de violencia fuertes. Honduras menos que los demás, pero eso no quiere decir que no hemos tenido expresiones de violencia, y todo proveniente desde el poder.
Entonces lo que quieren es preservar el poder, y para eso utilizan los mecanismos que el Estado tiene, porque tiene el monopolio de la fuerza. Por supuesto que la Policía y las Fuerzas Armadas son expresiones de fuerza, pero que si se desbordan, se puede convertir en una jungla. En cambio, tienen un mecanismo de represión que sí tiene formalidades legales, que es el Ministerio Público, y que lo pueden utilizar para perseguir a sus enemigos. Eso lo estamos viendo en Guatemala: hoy se está persiguiendo a los fiscales que antes luchaban por la lucha contra la corrupción. Esto lo que nos pone en evidencia es que tenemos que revisar toda la institucionalidad, por un lado. Y, por otro lado, el tema de cultural. Yo creo que este tema en algún momento se va a tener que tratar en sede del SICA (Sistema de Integración Centroamericano). Es necesario fortalecer la institucionalidad desde allá, para que no esté sometido a los cambios caprichosos de cada país el tema de las fiscalías y de los procesos de lucha contra la impunidad.
Si queremos fortalecer la institucionalidad en cada país, no podemos olvidar que somos antes que nada una nación centroamericana. Y como nación centroamericana tenemos que buscar soluciones comunes, porque lo que a nosotros nos afecta, le afecta lo guatemaltecos, afecta a los salvadoreños, afecta a los ticos y afecta la nicaragüenses, aunque ellos no lo quieran reconocer. Igualmente los problemas de ellos nos repercuten a nosotros.
Por ejemplo, El Salvador ha tenido una lucha aparentemente exitosa en contra de las maras, pero esto ha implicado que nosotros tengamos de algún modo la recepción de algunos de estos que han sido perseguidos y que nuestra institucionalidad no está tan fuerte como para enfrentarlos. Que hoy estemos siendo víctimas de un incremento en el tema de las maras, posiblemente esté motivado por esa lucha que hay en El Salvador. Entonces tenemos necesariamente que unir fuerzas a nivel de Centroamérica para fortalecernos institucionalmente. Tenemos algunas expresiones de estos temas jurídicos a nivel centroamericano, pero necesitamos fortalecerlo, tanto en el ámbito de la investigación como en el ámbito de las fiscalías. Si no lo vemos así, muy difícilmente vamos a superar eso.
Como usted sabe, FISLEM es un foro que busca convocar a fiscales o a personas interesadas por el tema de los Ministerios Públicos de toda Latinoamérica que consideren que estos organismos deben estar al servicio de la ciudadanía y la lucha por la legalidad emancipatoria y contra la impunidad. ¿Qué mensaje le daría a esas personas que se encuentran, muchas veces, en contextos hostiles, rodeados de la cultura de la corrupción, o que sufren acosos de ciertos sectores de poder?
En primer lugar, que tengan la conciencia de que enfrentar el sistema de impunidad en nuestros países es una de las funciones de mayor riesgo que existe. Porque lo que tiene ante sí el fiscal no es al criminal burdo, salvaje, que vive en ambientes sombríos y oscuros: lo que tiene ante sí es el poder. Ese es el problema. La corrupción se da fundamentalmente en las instancias públicas, en el ejercicio del poder público. El crimen organizado no crece si no lo favorece la policía, las Fuerzas Armadas, el Poder Judicial y la Fiscalía. Debemos comprender que el fiscal, cuando ejerce su función con convicción, tiene ante sí, como enemigo común, quienes ejercen el poder. Porque cada expresión de corrupción, cada expresión del crimen organizado, el lavado de activos, tiene tras de sí a todo un aparato, ya sea económico, político, jurídico y hasta social. Porque las organizaciones de la sociedad civil en Honduras se utilizaron para drenar fondos públicos y utilizarlos en campañas electorales, para incrementar capitales propios, y también para lavar activos del crimen organizado.
Debemos tener la convicción de que quien se dedica a esto debe saber que está expuesto. El mejor ejemplo lo representan los fiscales que hoy están exilados de Guatemala. Yo he tenido oportunidad de platicar con ellos en Washington, y realmente es conmovedor ver cómo un país persigue a aquellos que llevaban la bandera de la lucha contra la impunidad, y que están hoy expuestos a todas las circunstancias que un exilado tiene que vivir en un país extraño.
Julián Alfie
