Este informe del Banco Interamericano de Desarrollo, elaborado por Andrés Knobel en 2017, analiza la regulación de 26 países de la región sobre la identificación de beneficiarios finales. Como señala el documento, “el concepto de beneficiario final se refiere al individuo o los individuos –o sea, siempre personas físicas o naturales– que son quienes verdaderamente controlan o se benefician económicamente de un vehículo jurídico,como una sociedad mercantil,un fideicomiso, una fundación, etc”.

El objetivo de identificar a los beneficiarios finales se vincula con la necesidad de atravesar los mecanismos de opacidad que permiten ocultar activos y su titularidad. Se requiere de mecanismos de investigación eficientes, que logren sacar a la luz la riqueza ilícita de los actores del Poder Político y Económico. Desde luego, se trata de bienes vinculados no solamente a la corrupción, sino a una amplia gama de fenómenos criminales.