El jueves 4 de agosto se llevó a cabo el II Foro virtual “Fiscalías bajo acoso en América Latina”, organizado por el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), el Foro Interamericano de Fiscales por una Legalidad Emancipatoria (FISLEM), el Centro de Estudios Judiciales (CEJ) y la Alianza por las Reformas de Guatemala.
En la actividad, fiscales y especialistas de toda la región discutieron sobre la situación de los Ministerios Públicos de sus países. En particular, se analizó el nuevo rol de las fiscalías a partir de las reformas judiciales de las últimas décadas, y la transformación de los Ministerios Públicos en espacios de disputa política entre dos orientaciones: las fiscalías como impulsoras de una legalidad emancipatoria, o la continuidad de la histórica tradición de impunidad estructural y selectiva.
Juan Francisco Sandoval, ex Fiscal Especial Contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público de Guatemala, ilegítimamente destituido el año pasado, señaló que “la persecución penal tiene relación directa con los índices de pobreza y de desarrollo humano”. En ese sentido, explicó que “en Guatemala, nuestras investigaciones permitieron identificar redes económico-políticas ilícitas: una concertación entre sectores políticos y la oligarquía tradicional de Guatemala, que convirtieron al Estado en un botín en el que todos obtenían ganancias, salvo la población”. Ese sistema podía desarrollarse “porque los órganos de control, incluidas las fiscalías, eran controladas por esos sectores que debilitaban la democracia”.
Cuando el Ministerio Público logró avanzar con esas investigaciones, describió Sandoval, “esos sectores de poder volvieron a copar los organismos de Justicia: hoy hay 24 operadores de justicia en el exilio, 11 sujetos a procesos penales, se maniataron los procesos de selección, ascenso, remoción, destitución y traslado por razones políticas, incumpliendo toda la normativa”. Pese a que la Constitución estipula la autonomía del Ministerio Público, el ex fiscal advirtió que “ese interés político-económico trastoca esa independencia de los fiscales. Nombran fiscales generales a conveniencia del poder para que garantice la impunidad”.
Por su parte, María Eugenia Iribarren, fiscal regional interina de la circunscripción de Rosario, en el Ministerio Público de la Acusación de la provincia de Santa Fe (Argentina), analizó la situación de las fiscalías provinciales en su provincia. La fiscal expresó que “con la implementación del sistema acusatorio, las fiscalías lograron generar investigaciones proactivas, detectando nuevos niveles de esclarecimiento. Por ejemplo, los entramados económicos y financieros de las estructuras criminales. Pero apareció un límite: cuando se avanzó sobre la corrupción policial o política, ciertos sectores de poder quisieron recuperar el control sobre los fiscales”.
Iribarren detalló distintos medios por los cuales se buscó controlar a las fiscalías. Por un lado, la falta de autonomía para manejar los recursos del Ministerio Público, ya que “el presupuesto es un instrumento de control sobre la autonomía”. Por el otro, el poder disciplinario: “En 2017, cuando se estaba investigando a senadores provinciales por su relación con el juego clandestino, la Legislatura sancionó en 24 horas, sin discusión y por unanimidad, una ley para que las facultades disciplinarias –como suspensiones y remociones- quedaran en cabeza de la propia Legislatura”. Iribarren detalló que “a los primeros que intentaron someter a este nuevo procedimiento disciplinario fueron los fiscales que investigaban a los senadores. La Justicia lo frenó porque el sistema no podía aplicarse retroactivamente, pero quedó clara la intención de la ley”.
Por último, Augusto Salas, fiscal adjunto del Ministerio Público de Paraguay y presidente de la Asociación de Agentes Fiscales de ese país, se detuvo sobre la situación de las fiscalías paraguayas tal el homicidio de Marcelo Pecci, fiscal especializado en lucha contra el narcotráfico en ese país, quien fue asesinado en mayo por un grupo de sicarios, durante su luna de miel en Colombia. Salas explicó que “este hecho nos ha alertado y sorprendido, y nos ha dejado muy golpeados. Estamos seguros que perdió su vida por los trabajos que venía realizando. Era un fiscal de alto perfil, que tenía investigaciones contra el crimen organizado”. En ese sentido, Salas afirmó que es necesario pensar en un sistema “que garantice la seguridad de quienes realizan estas investigaciones”.
En el mismo sentido que sus colegas, Salas también señaló la importancia de la autonomía de los fiscales, “tanto en el manejo del presupuesto como en el nombramiento de los recursos humanos, así como en los procesos disciplinarios y en la estabilidad. Cuando no hay una seguridad jurídica y administrativa para el ejercicio de las funciones de los fiscales, perdemos profesionales con un excelente trabajo. La Constitución debe proteger el trabajo de los agentes fiscales, sobre todos aquellos que ejercen sus funciones contra la corrupción pública y el crimen organizado”.
Conclusiones
Al ser consultados sobre qué líneas de acción pueden tomarse para garantizar la autonomía y la eficacia de los Ministerios Públicos, Sandoval remarcó que “debemos ser celosos guardianes de los procesos de selección de Fiscales Generales, porque el debilitamiento institucional en las fiscalías depende mucho de su máxima autoridad”. También resaltó la importancia de la carrera fiscal. Iribarren, por su parte, remarcó tres aspectos: “asignación de recursos, fortaleza de los órganos de dirección y cuidar las formas de designación y remoción de los fiscales”. Salas, por último, hizo hincapié en la seguridad de los fiscales y en su estabilidad, que no debe quedar sometida a influencias políticas.
