La Iniciativa Ciudadana para el Control del Sistema de Inteligencia (ICCSI) propone refundar el sistema de inteligencia argentino. ¿Hay salida para la crisis del sistema de inteligencia? A través del documento ¿Hay salida para la crisis del...
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó un informe sobre la violencia policial contra la población afrodescendiente en Estados Unidos. El informe African-Americans, police use of force, and human rights in the United States analiza el problema persistente de la discriminación estructural contra las personas afrodescendientes en Estados Unidos y, en particular, la profunda disparidad racial en lo que respecta a la labor policial y al sistema de justicia penal.
Más allá de tratarse de Estados Unidos, el informe resulta muy importante para toda la región. Tiene observaciones y recomendaciones sobre administración de justicia en general relacionado a hechos de violencia policial contra población en situación de vulnerabilidad. De ahí que la interpretación que hace la CIDH puede ser de suma utilidad para los distintos agentes de los Ministerios Públicos regionales.
En el año 2013 se produjo un hecho inédito en Argentina, en cuanto se creó en el ámbito de incumbencia del Ministerio Público Fiscal, una Procuraduría especializada en Violencia Institucional, a fin de investigar, colaborar y realizar diagnósticos vinculados a hechos delictivos cometidos por fuerzas de seguridad y penitenciarias.
Repercusión internacional. Cobertura de uno de los casos más significativos que ha tratado la justicia Argentina en los últimos años.
El juez Hugo Nuñez, del juzgado de investigación preparatoria de la Corte Suprema, declaró fundado el pedido de familiares de las víctimas “de no aplicación del indulto humanitario en favor de Alberto Fujimori.
Si se aprobara el proyecto de ley de amnistía, no solo desharía décadas de trabajo para brindar justicia a las víctimas de atrocidades en tiempos de guerra, sino que también representaría un retorno inequívoco al reinado de la impunidad buscada durante mucho tiempo por las poderosas redes de corrupción respaldadas por el ejército, que Estados Unidos invirtió significativos recursos en desmantelar.
El miércoles, el Congreso de Guatemala pospuso el debate programado de la propuesta legislativa que otorgaría una amnistía general a los perpetradores de delitos graves, incluidos el genocidio, la tortura, la desaparición forzada y la violencia sexual.