Este instrumento internacional fue adoptado en 2015 para actualizar las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos de Naciones Unidas del año 1955.

Entre los diversos temas que establece propone la investigación de todas las muertes bajo custodia, la protección y cuidados especiales de los grupos vulnerables, la necesaria independencia del personal médico, restricciones sobre las medidas disciplinarias, una regulación más precisa respecto a los registros personales, así como cuestiones relativas a las condiciones de habitabilidad, trabajo, educación, deporte y contacto con el mundo exterior, que deben guiar toda aplicación de políticas penitenciarias en cualquier país del mundo.

Resultan de utilidad para guiar la actuación de los Ministerios Públicos en esta temática, por ello, se adjunta como material, un documento efectuado por la Dirección General de Derechos Humanos del Ministerio Público Fiscal de Argentina que especifica ciertos puntos de interés para la aplicación de las reglas en los casos concretos por parte de fiscales.