Este instrumento contiene estándares y procedimientos reconocidos internacionalmente para la investigación de la tortura. En particular, orienta a la recopilación de evidencia que pueda ser útil para las investigaciones judiciales.

Fue adoptado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y receptado por muchos Ministerios Públicos como pautas orientativas para las investigaciones de los/as fiscales.

Representa una guía con diversos elementos de utilidad para llevar adelante casos en los que la prueba resulta un obstáculo para la sanción efectiva de este tipo de prácticas violatorias de derechos humanos.