En 2016 se realizó en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación Argentina la audiencia para la designación de las autoridades de la Unidad de Información Financiera, el principal organismo anti-lavado del país. El CIPCE (Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica) impugnó a los candidatos a Presidente y Vicepresidente por la existencia de conflictos de intereses, ya que “con las nuevas autoridades que se proponen, la UIF pasará a ser manejada por un equipo de personas que hasta ahora se han desempeñado como defensores de personas y empresas investigadas por lavado de activos”.

“El conflicto de intereses es alevoso y grosero. Esto sería análogo a encontrar en un proceso judicial a un defensor que también cumple el rol de juez (al decidir sobre los sumarios) y el de fiscal (al impulsar los sumarios y las querellas). Esto, por un lado, genera una imposibilidad legal de asumir el cargo, basada en la normativa que citaremos a continuación. Pero al mismo tiempo, representa un obstáculo gravísimo para el desempeño adecuado y estratégico de la UIF”. Este video contiene una exposición de cinco minutos, a cargo del Director Ejecutivo del CIPCE, Agustín Carrara.

Al analizar el problema de la corrupción desde la captura institucional del Estado, los conflictos de intereses pasan a ocupar un lugar fundamental. Entre otras cuestiones, el diseño y desarrollo de las políticas públicas pueden verse seriamente condicionados por los vínculos que los/as funcionarios/as mantengan con actores del sector privado. Esto se presenta particularmente problemático cuando se trata del desempeño de organismos de control y supervisión.