La vida cotidiana de las personas trans y travestis está atravesada por la violencia y la posibilidad siempre latente del asesinato. Los números lo reflejan: sólo en lo que va de 2019 se contabilizaron en el país 32 crímenes de odio. ¿Cómo podría incidir en este panorama la creación de una Unidad Fiscal Trans?
Por Lara María Bertolini
En mis 49 años –todo un número considerando que la expectativa de vida de una travesti en Latinoamérica ronda los 35–, sufrí cuatro intentos de travesticidio. Llevo en el cuerpo las marcas de una bala y un cuchillazo. La primera fue en 1997, mientras ejercía la prostitución. Un tipo me siguió y presionándome la garganta con un cuchillo se metió en mi casa. Aquella noche tuve suerte y acá estoy para contarlo. La última vez que alguien intentó matarme fue en enero de este año, una noche que había salido a pasear al perro en Parque Lezama. Un joven se acercó al grito de “acá putos no queremos, rajá” y la escena terminó conmigo en el piso con un botellazo en la cabeza. Esa vez también pude salvarme. En la Universidad de Avellaneda, donde curso Derecho, tuve que pedir una perimetral ante un “compañero” que me amenazó con romperme la cabeza: no quería compartir el aula con alguien como yo. “No tenés que estar acá. Sos un hombre vestido de mujer. Salí al patio que te lo explico”, decía. Tengo claro que si pude sobrevivir a tantas situaciones, absolutamente cotidianas en las vidas de las feminidades travestis y trans, es por los privilegios que otorga el activismo. Tengo suerte: pude estudiar, tengo un trabajo en el Ministerio Público Fiscal. Pero soy una excepción a la regla que dice que nuestro destino es ser exterminadas. Y no pasa un día en que no piense en cómo terminará mi historia, quién será finalmente el machirulo que me mate. Todas las personas trans tenemos un travesticida en nuestra vida, tarde o temprano nos toparemos con él.
En lo que va del 2019 se contabilizaron 32 femineidades travestis y mujeres transgénero muertas, sin contar las golpizas y violaciones correctivas contra los varones transgéneros. Estos datos provienen de las mediciones que hacemos desde el propio activismo, porque el Estado ni siquiera lleva este registro. Mi consejo a las compañeras que me cuentan las agresiones que sufren es que ni se molesten en ir a las comisarías. Allí sólo encontrarán burlas. La alternativa es recurrir a una Fiscalía, pero ahí solemos quedar a merced de quién te recibe. La mayoría de las personas que trabajan en el Poder Judicial no tienen herramientas para comprender el odio contra las identidades trans y travestis como algo sistemático. Surge entonces necesidad de una Unidad Fiscal Trans, un espacio competente y específico dentro de Ministerio Público Fiscal, un área para crímenes ejecutados hacia personas transgéneros; o que exista como unidad exclusiva en una primera instancia como parte de la UFEM (Unidad Fiscal contra la Violencia hacia las Mujeres). Un espacio que eduque a los jueces y personal judicial para entender el trasvesticidio en su dimensión estructural.
La categorización impuesta por los organismos del Estado hace que se nos siga pensando siempre en el marco delincuencial. Cuando no somos objeto de persecución por los códigos contravencionales, somos catalogadas como precursoras del narcotráfico y el narcomenudeo. La palabra “trans” en estos tiempos más que “transgénero” remite a ser “transa”. El odio es el germen que genera las acciones contra nuestras vidas: que nos roben es anecdótico, que nos acusen de narcos, también.
Además de la falta de apoyo del Estado, que ni siquiera cuenta con estudios certeros, es necesario que quienes ejercen el control constitucional empiecen a registrar y sistematizar información para crear un área específica para nosotras. En las áreas ya existentes sólo se aplica una metodología de investigación desde lo heterosexual y lo binario.
Desde la gran mayoría de los órganos del Estado, principalmente del Poder Judicial, por desconocimiento o porque se decide hacer la vista gorda con respecto a la aplicación de la ley y tratados internacionales, se violan fallos y mandatos judiciales. Para luchar contra esta inercia, la Ufitrans deberá contar con personal transgénero. También es necesario repensar acciones que permitan extender el entendimiento de aquello que motiva los crímenes de odio de las identidades trangéneros. Estos hechos se ven excedidos por la identidad de género o por la identidad sexual que legalmente está establecida dentro de un marco binario.
La creación de esta unidad fiscal estaría sustentada por las “Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en condición de Vulnerabilidad” (XIV Cumbre Judicial Iberoamericana Brasilia, 4 a 6 de marzo de 2008), que dicen: “Poca utilidad tiene que el Estado reconozca formalmente un derecho si su titular no puede acceder de forma efectiva al sistema de justicia para obtener la tutela de dicho derecho.”
Las personas trangénero no somos peligrosas, estamos en peligro.
