La violencia ejercida contra las sexualidades no hegemónicas es un fenómeno criminal complejo que requiere respuestas estatales dinámicas e innovadoras por parte de los Estados y de una política de persecución estatal basada en el entendimiento de las desigualdades estructurales provocadas por la misoginia y el patriarcado. En ese contexto, se revela la necesidad de garantizar el pleno ejercicio del derecho al acceso a la Justicia de esta población a través de un diseño institucional por parte del órgano a cargo de la persecución penal estatal y la formación de sus integrantes.

En este artículo se presenta el modelo de gestión  del Ministerio Público Fiscal de Argentina y la implementación de una estrategia de capacitación territorial en diálogo con la comunidad, que colocó en su agenda institucional la perspectiva de género y de las disidencias sexuales a través de su transformación interna y mediante un nuevo modelo de formación judicial.