La forma en la que se termine de elegir a las personas que ocuparán la Fiscalía General y la Fiscalía General Adjunta determinará el futuro del Ministerio Público de Honduras. Al igual que en otros países de América Latina, la disyuntiva es clara. Si se respetan los procedimientos legales y los estándares internacionales, las próximas autoridades contarán con la legitimidad necesaria para conducir las fiscalías hondureñas respondiendo a las verdaderas necesidades de la ciudadanía. Si eso no sucede, es muy posible que la impunidad de ciertos sectores de poder o la utilización política del MP sean resabios difíciles de superar.
Desde el Foro Interamericano de Fiscales por una Legalidad Emancipatoria (FISLEM) recordamos estándares, buenas prácticas y herramientas concretas que pueden resultar de utilidad para la actuación del Congreso Nacional en esta instancia, en base a principios democráticos, de autonomía y de transparencia:
1) Respeto por las normas de selección vigentes. Alterar las reglas de selección o reformar la institucionalidad del MP en medio del proceso podría afectar la credibilidad de la decisión. El Congreso Nacional debe evaluar la lista presentada por la Junta Proponente, y los recursos presentados deben ser resueltos por los canales institucionales.
2) Cumplir con los plazos y evitar situaciones de vacancia, interinato o prórroga. La experiencia latinoamericana demuestra que las trabas en los procesos de selección, y su solución temporal mediante vacancias, interinatos o prórrogas de las autoridades vigentes, generan distorsiones institucionales que luego son difíciles de revertir.
3) Discusión abierta sobre los planes de gestión y prioridades político-criminales. Una de las mejores formas de garantizar que la elección responda a las necesidades sociales es orientar el debate hacia las propuestas de gestión que las personas postuladas presentaron ante la Junta Proponente. Esa presentación podría reiterarse ante el Congreso Nacional, en audiencias públicas con participación ciudadana activa, en donde se expongan los aspectos centrales del plan de gestión, los fenómenos criminales prioritarios y las estrategias para su control. Quien aspira a conducir tiene que demostrar que conoce la realidad sobre la que pretende incidir.
4) Exigir una política de persecución penal de género. Honduras tiene una tasa de feminicidios extremadamente alta, a lo que se suman crímenes de odio contra la población Lgbttiq+ por los que ha sido responsabilizada internacionalmente, así como altas tasas de violencia sexual, con especial incidencia en niñas y adolescentes. El Ministerio Público debe ser uno de los actores fundamentales para la prevención y sanción de esa y otras formas de violencia de género. Resulta imprescindible conocer los planes de las personas postuladas en esta materia, cómo revertir las altas tasas de archivo en materia de violencia doméstica y la bajísima tasa de condenas de crímenes gravísimos .
5) Exigir un plan para enfrentar la criminalidad asociada a la corrupción. El compromiso contra la corrupción no solo requiere de la decisión y los antecedentes personales de los y las postulantes. También es necesario un programa de acción que priorice la persecución de esos fenómenos criminales y garantice a los y las responsables de esa tarea los recursos y el respaldo necesarios para llevarla a cabo eficazmente. Los y las postulantes deben explicar cómo reorganizarán la estructura actual, que se vio fuertemente debilitada en los últimos tiempos, con una baja capacidad de perseguir la corrupción, el lavado de activos y otras formas de criminalidad económica. El compromiso con esta agenda implica asumir una vocación por fortalecer la calidad institucional de la democracia, que ha sido fuertemente dañada en los últimos años, e incluso interrumpida por un golpe de estado.
Estos, entre otros mecanismos, pueden colaborar a que el proceso de selección logre elegir a las personas con la autonomía, la formación, la experiencia y las propuestas más adecuadas para conducir a las fiscalías de Honduras; y que la ciudadanía así lo perciba. En un contexto regional en donde los Ministerios Públicos se encuentran bajo una disputa entre quienes pretenden convertirlos en organismos al servicio de la legalidad democrática y emancipatoria, y quienes pretenden mantenerlos como garantes de la impunidad, es necesario redoblar los esfuerzos para garantizar un proceso transparente y participativo.
Foro Interamericano de Fiscales por una Legalidad Emancipatoria (FISLEM)
Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP)
