En los últimos días se ha desplegado un conjunto de acciones que tienen como finalidad modificar la elección presidencial realizada en Guatemala el día 25 de junio. Entre ellas, destacan la actuación del Ministerio Público orientada a suspender la personería jurídica del partido de uno de los candidatos que disputará la segunda vuelta el próximo 20 de agosto.

El Ministerio Público, organismo encargado de instrumentar la política criminal y gestionar los intereses comunitarios, está optando claramente por ponerse al servicio de los factores de poder, debilitando la legalidad y el mandato constitucional.

Desde el INECIP y FISLEM condenamos esta utilización de la Fiscalía, que busca interceder en una contienda electoral en una abierta vulneración de la voluntad popular y el orden jurídico constitucional.