Por Julián Alfie
El progresivo fortalecimiento de los Ministerios Públicos va de la mano con un aumento del poder de sus máximas autoridades. El proceso de designación de la persona que ocupe la Fiscalía General (o sus equivalentes) suele ser determinante para la legitimidad y autonomía del organismo. Hasta hace unos años, era una decisión que podía tomarse de espaldas a la ciudadanía. Sin embargo, hoy en día, suele convertirse en un momento de profundo debate democrático respecto a la política institucional y de persecución penal de las fiscalías, aunque los mecanismos institucionales sigan siendo, en muchos casos, indemnes a esa voluntad cívica de participación. En este artículo, revisamos los insumos más relevantes para diseñar estos procesos, con el objetivo de lograr que las fiscalías respondan a las necesidades de la sociedad.
A nivel regional, existe un amplio desarrollo sobre los estándares que debe seguir la designación de “operadores/as de justicia” en general, o de fiscales en particular. Los principales lineamientos en ese sentido surgen del informe de la CIDH sobre “Garantías para la independencia de las y los operadores de justicia” (2013) y de las “Directrices sobre la función de los fiscales” de Naciones Unidas (1990). Sin embargo, no existen tantos documentos sobre especificidades que debe tener este proceso en el caso de las máximas autoridades de los Ministerios Públicos. A continuación, se presentan los documentos más destacados que han abordado esta cuestión.
Estudios regionales sobre procesos de designación de Fiscalías Generales
La Fundación para el Debido Proceso (DPLF) viene trabajando desde hace años esta temática. Dentro de su producción, se destaca el documento “Lineamientos para la Selección de Altas Autoridades del Sistema de Procuración de Justicia: Fiscal o Procurador(a) General” (2017), que contiene recomendaciones sobre los rasgos que deberían caracterizar estos procesos de selección y los elementos que debería contener un perfil de la persona propuesta. Estas propuestas se vieron reflejadas en las intervenciones que esa organización realizó en los procesos de designación de las máximas autoridades de los Ministerios Públicos de Perú, Guatemala, Honduras, Bolivia, El Salvador y Colombia, entre otros. Esta línea de trabajo también forma parte de una investigación más amplia: “Estándares internacionales sobre autonomía e independencia de los fiscales y las fiscalías” (2017), realizada junto a la Fundación para el Debido Proceso y el CEJA.
El Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), por su parte, realizó un análisis comparativo de la regulación de estos procesos en las provincias argentinas, en la publicación “¿Quiénes dirigen los Ministerios Públicos Fiscales?” (2020). En la investigación se analizan los límites temporales de duración de los mandatos; los requisitos mínimos y el perfil abstracto que debería satisfacer la persona propuesta; la importancia de presentar un plan de gestión y de política de persecución penal; y las mejores prácticas para la regulación de mecanismos de participación ciudadana. En particular, se destaca un análisis de los mecanismos posibles para incluir la perspectiva de género en el proceso de selección. INECIP propuso la aplicación de estos criterios en la provincia de Córdoba.
Casos paradigmáticos
Una experiencia recalcable es la del Panel Independiente de Personas Expertas para la Elección de Fiscal o Fiscala General de la República de Costa Rica, un mecanismo de participación ciudadana encargado de efectuar la observación y seguimiento a ese proceso de selección. En su “Informe final”, el Panel realizó una acabada evaluación sobre el proceso llevado a cabo entre el 2021 y el 2022, además se realizar recomendaciones para la mejora del mecanismo.
En Guatemala, por su parte, existen numerosos informes sobre los últimos dos procesos de designación de la Fiscal General, que recogen los aprendizajes –generalmente negativos– de esas experiencias. Entre ellos, se destacan los análisis realizados por Wilson Center (2018), Impunity Watch (2018) y el Movimiento Pro Justicia (2022). En ese mismo país, en el marco del proceso de designación del 2018, OACNUDH elaboró una “Compilación de los principales estándares internacionales de derechos humanos aplicables al proceso de elección y nombramiento de Fiscal General”. En el 2022, en ese país, se realizaron numerosas conferencias para debatir ese proceso de designación. Entre ellas, se destacan, por un lado, la organizadas por DPLF y, por el otro, la que organizamos desde INECIP y FISLEM:
Género
La nueva ola feminista viene golpeando cada vez más fuerte la puerta de las fiscalías, y esto también se refleja en los procesos de selección de fiscales generales. En Argentina, los Ministerios Públicos de la Ciudad de Buenos Aires y de Santa Fe se vieron atravesados por este reclamo.
El INECIP abordó esta temática en un apartado del informe mencionado anteriormente. La Dirección General de Políticas de Género del MPF de Argentina, por su parte, publicó en 2018 un informe titulado “El impacto del género en el proceso de selección de fiscales”, que analiza la cuestión de los concursos en ese organismo –no aplica a la Procuración General, por tener un mecanismo específico- desde una perspectiva de género. Sobre la participación de las mujeres en los sistemas de justicia en América Latina, se destaca el relevamiento regional elaborado por el Núcleo de Estudios Interdisciplinarios en torno a la Desigualdad y Derechos Humanos de la Universidad Austral de Chile y diversas organizaciones de la región.
Podcast
En el marco del podcast “De ida y vuelta”, el INECIP también realizó un episodio dedicado a la selección de fiscales generales, en donde junto a Claudia Paz y Paz y Leonel González Postigo analizamos los procesos de selección y los perfiles
