En este documento, un colectivo de organizaciones mexicanas identifican las violaciones concretas a la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República que presenta el Plan de Persecución Penal (PPP) presentado en 2020, así como las graves omisiones en la elaboración, planteamiento y evaluación que, a pesar de indicarlo claramente en la Ley Orgánica de la Fiscalía (LOFGR), incurren el Fiscal General en este Plan de Persecución que entregó al Senado. Esto impacta gravemente no solo en el respeto de la ley, sino en la lucha contra la impunidad de los crímenes que afectan a poblaciones en situación de vulnerabilidad como mujeres, personas desaparecidas, personas migrantes, entre otros.