El documento recoge buenas prácticas existentes en la experiencia comparada de la región, así como las reglas y estándares desarrollados en el marco de Naciones Unidas y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, y tiene como objetivo, acompañar el proceso de transformación de la Procuraduría General (PGR) en la nueva Fiscalía General de la República (FGR) en México.

El informe fue elaborado por la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD), la Fundación para el Debido Proceso (DPLF por sus siglas en inglés) y el Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA). La publicación recopila los lineamientos y salvaguardas institucionales que deben rodear la figura del Fiscal General, de los fiscales y de la institución de la Fiscalía, para garantizar su funcionamiento autónomo y libre de interferencias.

La función de investigar y perseguir el delito, y el ejercicio de la acción penal en representación del interés general de la sociedad, reviste una importancia central para la vigencia del Estado de Derecho y tiene un impacto directo en el acceso a la justicia y en el respeto de las garantías al interior del proceso penal.

Por ello, es importante que los diversos procesos que afectan la figura del Fiscal General (como su designación, perfil, remoción y duración del mandato), así como a los demás fiscales (ascenso, traslados, condiciones de servicio, seguridad, régimen disciplinario) y a la propia la institución de la Fiscalía (instrucciones generales, relación con la policía, mecanismos de rendición de cuentas) estén provistas de salvaguardas adecuadas que protejan su autonomía, y resulten acordes con los valores democráticos.