Por Laura Iseas
Distintas leyes le otorgan a los Ministerios Públicos Fiscales roles que tradicionalmente son dejados de lado. Por ejemplo cuando se trata de acceso a la justicia, medioambiente, derecho del consumo, la protección de los derechos fundamentales en los procesos constitucionales, la tutela de los derechos laborales, entre otros.
A su vez, estos Ministerios tienen un rol activo otorgado por la ley para iniciar acciones en protección de los grupos desventajados. El escaso desarrollo en estos temas deviene de la histórica preponderancia del fuero penal en los modelos organizacionales de los Ministerios Públicos. Para subsanar esta situación se requiere establecer áreas específicas con vastos recursos, pero también pueden implementarse otras medidas en paralelo, como es establecer un plan de capacitaciones permanentes en áreas no penales, fortalecer y perfeccionar las vías de comunicación entre las y los referentes de las distintas áreas, mejorar la registración y publicidad de los dictámenes emitidos en estas materias, hacer uso de las nuevas tecnologías, etc.
A continuación presentamos una selección de buenas prácticas llevadas adelante por distintos Ministerios Públicos de Iberoamérica.
Argentina
Las Agencias Territoriales de Acceso a la Justicia (ATAJOS) instaladas en las principales villas de emergencia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se encargan de recibir y derivar denuncias, evacuar consultas, brindar acceso a información judicial, facilitar la resolución alternativa de conflictos, generar mecanismos de prevención de delitos y desarrollar acciones de promoción de derechos para fortalecer los vínculos comunitarios y consolidar los canales de comunicación entre el MPF y la comunidad.
Cuentan con equipos interdisciplinarios de trabajo que junto con las y los fiscales intervienen en casos en los que se registren problemáticas propias de acceso a la justicia
Articulan con otros organismos públicos nacionales, provinciales o locales que aborden la temática del acceso a la justicia.
Link a la resolución creación del Programa.
Link a la entrevista a Julián Axat titular de “El acceso a la justicia como política de Estado”
Brasil
La Fiscalía Federal de los Derechos del Ciudadano (PFDC) tiene como atribución el diálogo y la interacción con órganos de Estado, organismos nacionales e internacionales y representantes de la sociedad civil, persuadiendo a los poderes públicos para la protección y la protección defensa de los derechos individuales indisponibles, colectivos y difusos.
La PFDC también tiene la función de integrar, coordinar y revisar la actuación de los fiscales y procuradores regionales de los Derechos del Ciudadano de cada estado de la federación, subsidiándolos en su actuación y promoviendo una acción unificada en todo el territorio nacional.
Cuenta con Núcleos de Apoyo Operativo (Naops) en cada Procuraduría Regional de la República y tienen como objetivo descentralizar las actividades e integrar la actuación y, así, atender a uno de los objetivos estratégicos establecidos por la Planificación Estratégica del Ministerio Público Federal.
Su papel es también acompañar las políticas públicas en el área de DDHH, mantener permanente contacto e intercambio con entidades públicas y privadas que se dediquen directa o indirectamente a la promoción, protección, defensa y al estudio de los derechos, bienes, valores o intereses en el área de derechos humanos.
Link de la Fiscalia Federal de los Derechos del Ciudadano.
Costa Rica
En el marco de la Política de Acceso a la Justicia, el Ministerio Público de Costa Rica cuenta con una plataforma de Fiscalías Especializadas, Políticas de Persecución Penal, directrices internas, y la capacitación continua del personal técnico y profesional, permitiendo brindar un servicio público de calidad a todos los grupos vulnerables y poblaciones vulnerabilizadas, velando por cumplir lo establecido en los Tratados Internacionales, Acuerdos, Reglas y Protocolos de diferentes Organismos de Derechos Humanos, visibilizando las necesidades de estas poblaciones, entre ellas: niños, niñas y adolescentes, mujeres víctimas de violencia de género, adultos mayores, población LGBTTTIQ, pueblos indígenas, población afrodescendiente, migrantes y refugiadas, privadas de libertad, personas con discapacidad, personas menores de edad investigados en procesos Penales Juveniles y víctimas del delito.
Como parte de este compromiso, el Ministerio Público forma parte de distintas Comisiones a nivel del Poder Judicial, Interinstitucional y Regional, que velan por el resguardo de los derechos y garantías de estas poblaciones.
El Ministerio Público de Costa Rica, aporta así el conocimiento técnico para lograr que el abordaje, tratamiento e investigación, de las causas donde figure una persona vulnerable o vulnerabilizada, cumpla con el respeto al principio de dignidad humana, dando el trato diferenciado necesario para estas poblaciones, contando con la preparación y sensibilización del personal, permitiendo con ello una labor eficiente y eficaz en los procesos penales.
El Ministerio es parte de la Comisión de Acceso a la Justicia, que es el órgano institucional rector en materia de acceso a la justicia de las poblaciones en condición de vulnerabilidad
Está integrada estratégicamente por todos los ámbitos judiciales: Jurisdiccional, Auxiliar de Justicia y Administrativo, así como por representantes de las Subcomisiones designadas para trabajar por cada una de las poblaciones en condición de vulnerabilidad (Población con discapacidad, adulta mayor, privada de libertad, migrante y refugiada, sexualmente diversa, indígena, víctimas del delito, víctimas de violencia sexual y doméstica, niños, niñas y adolescentes y personas en conflicto con la ley Penal Juvenil). Asimismo la integran representantes de organizaciones gremiales y representantes de la población civil.
La misión de esta Unidad es ejecutar las políticas y directrices emanadas de la instancia superior y velar por la incorporación en forma transversal, de la perspectiva de las poblaciones en condición de vulnerabilidad en todo el quehacer institucional, promoviendo acciones de coordinación con los diferentes actores judiciales, para mejorar las condiciones de acceso a la justicia.
Link: Fiscalías especializadas en Costa Rica
Link: Acceso a la justicia en Costa Rica
Cuba
La Fiscalía General de la República, cuenta con un sistema de atención dirigido a ciudadanas y ciudadanos,para la preservación de la legalidad y la protección de los derechos de las personas. Este organo presta especial atención a los sectores vulnerables de la sociedad como son las personas con discapacidad, las personas de la tercera edad, mujeres, menores, y personas que habitan en lugares apartados o zonas de dificil acceso.
Existe un sistema de Tribunales Populares, en correspondencia con el principio de que la oportuna y adecuada atención a la población es un factor de vital importancia, que tiene creado un mecanismo en función de atender cada inquietud, duda o inconformidad manifestada por el pueblo, y brindarle una respuesta adecuada.
Dicha
atención en los tribunales se ofrece todos los días hábiles en horario
laborable.
En el Tribunal Supremo Popular existe una Oficina de Atención a la Población,
donde radican supervisores de la actividad judicial con experiencia en el
trabajo de los tribunales, encargados de orientar y tramitar los planteamientos
presentados.
Las estructuras organizativas del Sistema de Tribunales colaboran entre sí, en pos de la prontitud y calidad requeridas.
Periódicamente, se evalúa el comportamiento de esta actividad, a partir de las causas que generan inconformidades, tendencias fundamentales que se manifiestan y niveles de responsabilidad.
Link: Fiscalía General de la República de Cuba
Link: Tribunal Supremo Popular Cuba
Ecuador
La Fiscalía General cuenta con Unidades de Flagrancia que concentran en un mismo espacio físico todos los servicios judiciales.
Fiscales, jueces, médicos, psicólogos, defensores públicos y trabajadores sociales prestan sus servicios las 24 horas de todos los días del año, lo que garantiza un acceso integral a la justicia.
Link: Fiscalìa General del Estado de Ecuador
Guatemala
El Ministerio Público Fiscal de Guatemala haciendo uso de las nuevas tecnologías otorga botones antipanico a las victimas de violencia de género. La particularidad de este boton es que se descarga desde una aplicación de un telefono celular, realizando de manera previa un registro de datos que son validados por el Ministerio. Al activarlo se reibe la atención requerida y se suministran los recursos disponibles. A través de la aplicación se pueden adjuntar pruebas como videos, fotos y audios.
A su vez el Ministerio Publico ofrece un Directorio de Redes de derivación, a través de un mapa virtual que detalla por localidad los servicios existentes, discriminados por tipo: Social, Psicologico, Médico, Legal y otros.
Link: Directorio de redes de derivación
Paraguay
El Ministerio Público de Paraguay cuenta con un Gabinete de Acceso a la Justicia, que contempla 5 Direcciones: Dirección de Denunicas Penales, la Dirección de Derechos Humanos, la Dirección de Protección a Testigos, la Dirección de Derechos Etnicos y la Dirección de Atención a las Víctimas que cuenta con 34 oficinas en todo el país.
Link: Ministerio Publico de Paraguay
Perú
El Ministerio Público realiza las Jornada de Acercamiento a la Población que está dirigida a establecer vínculos con la población a través de la atención directa, en especial a los sectores de la población afectados por problemas de pobreza y alta conflictividad social, con la finalidad de conocer in situ la realidad de cada zona y cómo se presentan los fenómenos delictivos que los aquejan, para elaborar en forma conjunta las estrategias más adecuadas de intervención.
Tiene como objetivo lograr un enlace estratégico entre el Ministerio Público y la Comunidad con el propósito de contribuir a la reducción de los factores de riesgo que afectan la convivencia social y aumentan los índices de inseguridad ciudadana.
Es un programa de carácter participativo, proactivo e integrador de la comunidad, las instituciones locales y el Estado en alianza para la persecución estratégica del delito.
Como objetivo específico se menciona:
Generar lazos de confianza y diálogo con la comunidad para difundir la misión y funciones del Ministerio Público.
Conocer desde el trato directo los niveles de inseguridad ciudadana y la percepción sobre los factores de riesgo causantes de los delitos, a través de la información recabada de las personas encuestadas.
Lograr una nueva percepción de la población en el acercamiento del Fiscal a la problemática social de las zonas más vulnerables, erradicando la visión del Fiscal de escritorio en la prevención del delito, logrando mayor credibilidad de la población frente al Ministerio Público.
Link: Ministerio Público de Perú
Chile
El Plan de Interacción con la Comunidad es un proyecto de la Fiscalía de Chile aplicado en todo el país, para crear lazos de comunicación y cercanía con la sociedad o comunidades locales.
En dicho marco, la Fiscalía ha realizado actividades dirigidas a profesores, estudiantes, apoderados, funcionarios públicos, gremios, comerciantes, jefas de hogar, adultos mayores, dirigentes vecinales, y a diversas instancias de la comunidad organizada
Durante las temporadas de charlas, funcionarios y fiscales de las fiscalías locales y regionales, además de cumplir con sus funciones habituales, acuden voluntariamente a estas actividades para responder aconsultas de la comunidad y abordar diversos temas que van desde el rol del Ministerio Público y los servicios que brinda, el proceso penal, delitos comunes, violencia intrafamiliar, qué hacer si se es víctima o testigo, hasta las obligaciones judiciales de ejercer como funcionario de salud o educación, entre otros.
Como iniciativa adicional, algunas regiones han desarrollado actividades complementarias a las charlas y han ejecutado jornadas lúdicas y educativas como Fiscales Escolares (Región del Maule), Torneo Interescolar de Juicios Orales (Región de La Araucanía), diversos programas radiales, entrega de volantes, entre otros, a fin de profundizar la relación con la comunidad.
