Declaró inconstitucional el aumento del 5,71% que recibieron los jubilados y demás beneficiaros sociales en marzo de 2018 de acuerdo a la nueva ley de movilidad. Y ordenó que se aplique la fórmula de movilidad anterior, que se calculó en el 14,5%, porque las leyes no pueden aplicarse en forma retroactiva.

La aplicación retroactiva antes aludida vulnera los principios de progresividad y de no regresividad de los Derechos económicos, sociales y culturales, consagrados en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos.

En la Resolución, los jueces ordenan reajustar los haberes de marzo de 2018 con la anterior fórmula, “debiendo empezar a aplicarse la nueva movilidad establecida en la ley 27426 a partir del incremento correspondiente al mensual septiembre 2018”