Las impugnaciones fueron presentadas por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP).
El comunicado presentado por las organizaciones:
El Gobierno porteño propuso sus candidaturas para cubrir el cargo de Fiscal General y dos vacantes de Jueces del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Ciudad de Buenos Aires. Desde la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) impugnamos las candidaturas de dos de esos candidatos, Santiago Otamendi y Juan Bautista Mahiques, por considerar que no satisfacen el requisito de idoneidad ni ofrecen las garantías de independencia necesarias para desempeñar los cargos para los que son propuestos.
Vale destacar que estos cargos revisten una gran importancia para la vida democrática de la Ciudad. El TSJ es el máximo órgano de justicia porteño y tiene la última palabra sobre las causas judiciales en ese ámbito, incluidas las que son contra funcionarios públicos. El Fiscal General, por su parte, es la cabeza del Ministerio Público Fiscal, órgano encargado de promover la actuación del Poder Judicial en defensa de la legalidad y de los intereses generales de la sociedad. Además, tiene a su cargo el diseño de la política criminal y de persecución contravencional y penal.
El Gobierno porteño presentó a Santiago Otamendi, actual Secretario de Justicia de la Nación, para cubrir una de las vacantes en el Tribunal Superior de Justicia. En cuanto al requisito de independencia para ejercer el cargo al que es postulado, se destaca que el candidato es actualmente un alto funcionario político dependiente directamente del Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación -del que a su vez fue socio en su estudio jurídico- y que participa activamente de acciones de proselitismo del partido de gobierno -como los “timbreos” de campaña-. Por esos motivos, consideramos que la cercanía del candidato con el partido que ejerce el gobierno tanto a nivel Nacional como de la Ciudad, puede condicionar su accionar en el ejercicio del cargo, impidiendo la resolución de sus asuntos sin restricciones y sin influencias. Dicho conflicto se ve potenciado si se tiene en cuenta que, de asumir el cargo al que aspira, un gran proporción de las causas que deberá resolver tienen al Gobierno de la Ciudad como una de las partes.
Asimismo, del análisis de su currículum vitae se desprende que el candidato no cuenta con los antecedentes de formación académica y trayectoria profesional necesarios para ocupar el cargo de mayor relevancia en la estructura judicial de la Ciudad de Buenos Aires. Otamendi tiene experiencia como juez de primera instancia en el Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N° 27, cargo en el que se encuentra en uso de licencia. Para ser designado en ese cargo, atravesó un concurso ante el Consejo de la Magistratura de la Ciudad, en el que si bien resultó seleccionado, se ubicó en la posición 33 del orden de mérito, lejos de los primeros lugares. Tampoco surge de su curriculum una formación o producción académica sobresaliente. Las funciones que ha desempeñado en los últimos años fueron en cargos de designación política.
Juan Bautista Mahiques, por otra parte, es el candidato impulsado por el Jefe de Gobierno, Rodríguez Larreta, para ocupar el cargo de Fiscal General de la Ciudad. Al igual que Otamendi, es funcionario del Poder Ejecutivo Nacional, como Subsecretario de Asuntos Penitenciarios y Relaciones con el Poder Judicial y la Comunidad Académica y su representante ante el Consejo de la Magistratura.
Esta Subsecretaría depende de la Secretaría de Justicia, a cargo de Santiago Otamendi. Esto significa que quien hoy es su jefe directo podría llegar a convertirse en uno de los jueces ante quien Mahiques deba litigar en caso de que las designaciones propuestas se confirmen.
Además de carecer de los antecedentes de formación, técnicos o académicos necesarios para un puesto de tanta relevancia, el candidato no tiene la autonomía y la independencia que se requieren para encabezar de manera adecuada el Ministerio Público Fiscal.
Por último, organizaciones como Human Rights Watch denunciaron su reciente actuación -en su rol de representante del Poder Ejecutivo Nacional en el Consejo de la Magistratura- en el impulso de juicio político contra el juez que se encuentra a cargo de la investigación sobre vínculos indebidos entre el Poder Judicial y los servicios de inteligencia en el “Caso D´Alessio”, lo que consideraron como una afectación a la independencia judicial.
En conclusión, reclamamos que se cumplan con los requisitos de idoneidad técnica y de independencia que garanticen el funcionamiento autónomo de estas instituciones, que son de suma importancia para la vida democrática de la Ciudad, en un contexto en el que el Poder Judicial de nuestro país enfrenta altos índices de desconfianza pública.
Los cargos judiciales a cubrir se encuentran en el vértice de la estructura judicial de la Ciudad de Buenos Aires. Ello redunda en la necesidad ineludible de que quienes los ocupen sean aquellas personas con mayor calificación, y que reúnan las condiciones necesarias para ejercer el rol con plena autonomía de otros actores de poder. Sin embargo, los candidatos propuestos por el Poder Ejecutivo de la Ciudad distan de cumplir con las calificaciones necesarias para ocupar los puestos a los que aspiran.
