La Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina dejó sin efecto una decisión que disponía, como medida cautelar, la prohibición a dirigentes sindicales de participar de reuniones multitudinarias, en el marco de una causa en la que se hallaban imputados por los delitos de daños, amenazas y turbación del ejercicio de la función pública.

Ver fallo Farfán, Julio Antonio y otros s/ amenazas agravadas, daños agravados, turbación al ejercicio de la función pública, San Pedro de Jujuy.

El sindicato había interpuesto un recurso extraordinario sosteniendo que se trataba de una medida encubierta para apartarlos de las actividades que diariamente realizan como integrantes del sindicato, que no era necesaria para garantizar el normal desenvolvimiento del proceso penal. Sostuvieron que importaba violar el principio constitucional de libertad sindical al obstaculiza decisivamente el normal cumplimiento de sus funciones como delegados sindicales.

La Corte sostuvo que la Constitución Nacional consagra, de manera concluyente, un modelo sindical libre, democrático y desburocratizado y subrayó  que constituía un requisito ineludible de la libertad sindical el derecho de reunión, de opinión y de expresión, al expresar que “sin el aseguramiento de las libertades que acaban de ser indicadas, es poco menos que imposible que puedan ejercerse acabadamente el derecho de los trabajadores de constituir las organizaciones que estimen convenientes”.