Este informe, elaborado por la Fundación para el Debido Proceso (DPLF) y la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), identifica y analiza los principales avances, desafíos y oportunidades que trae la nueva ley orgánica de la Fiscalía General en México, que desde el 18 de diciembre de 2018, es una institución formalmente autónoma del poder ejecutivo, que reemplazará a la vieja Procuraduría General de la República (PGR), señalada por su ineficiencia y falta de independencia, y responsabilizada en gran medida por los altos índices de impunidad del país.

Desde fines de 2018, México cuenta con una fiscalía autónoma del Poder Ejecutivo. La nueva legislación será fundamental para enfrentar una nueva etapa en la lucha contra la impunidad. El colectivo #FiscalíaQueSirva y otros sectores de la sociedad civil y academia, fueron actores clave para impulsar mecanismos de control y rendición de cuentas en la nueva institución.

El informe destaca como uno de los principales avances la creación de un Consejo Ciudadano de la Fiscalía, como un importante mecanismo de control y participación ciudadana en la gestión de la institución que puede emitir opiniones y recomendaciones acerca del desempeño de la fiscalía y sus diversas áreas. Asimismo, la ley crea dos nuevas fiscalías especializadas, la de Derechos Humanos y la de Control Interno, que tendrán la capacidad de formular estrategias y dirigir investigaciones de manera independiente.

Otra importante novedad es la regulación del Plan de Política de Persecución Penal, instrumento fundamental de rendición de cuentas de la fiscalía. Según el informe, “este documento, de carácter público, “debe establecer las prioridades de la fiscalía en materia de investigación y persecución de los delitos, los objetivos y metas a corto, mediano y largo plazo, y las funciones que desempeñan los fiscales y funcionarios de la institución.”

Por otro lado, el informe resalta la fuerte influencia de la figura del Presidente de la República, en el proceso de selección del Fiscal General, así como en sus mecanismos de remoción. Esta influencia, unida a la concentración de poderes y facultades en la figura del Fiscal General, podría poner en riesgo la autonomía de la institución, respecto del poder político. Al respecto, el informe subraya que “para restaurar la confianza ciudadana en la imparcialidad de la persecución penal, es importante que exista una clara separación entre el titular de la Fiscalía y el jefe de gobierno y su entorno.” Finalmente, se destaca que la nueva ley contiene espacios importantes para la cooperación internacional, que pueden beneficiar a la Fiscalía y brindarle oportunidades de apoyo en la lucha contra la impunidad.

Es claro que existen muchas oportunidades y retos con la Fiscalía General de la República. En este año de transición, el fiscal general tendrá la oportunidad de mostrar su autonomía del Ejecutivo a través de su actuación y también marcar sus prioridades para la persecución penal en el país. Al respecto, el informe hace un llamado a priorizar el combate a la impunidad en México y responder a las demandas de justicia de la ciudadanía y de las víctimas, largamente postergadas.